Así lo denunció ante la Justicia Federal de Resistencia la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En el marco de la presentación contra lo que denominaron “la mafia del desmonte”, apuntaron contra el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor del ministerio de Producción, Luciano Olivares, a quien lo acusan de otorgar premisos de desmontes en zonas que no correspondían, de direccionar fondos cuyo destino se desconoce y de ser uno de los cerebros detrás de la última actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), al que señalan como regresivo e inconstitucional.
El relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas. Según la organización, todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. A principios de mes, el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs, fue denunciado penalmente por tramitar la mayoría de los desmontes en los últimos diez años.
Se trata de una condena de multa y decomiso de un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de un grupo de la SIDE comandado por Aníbal Gordón, que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. El decomiso de los terrenos operará como reparación comunitaria por los delitos de lesa humanidad.
