Además, impone inhabilitaciones por 60 años contra dirigentes que apoyen este tipo de medidas. Prevén multas de hasta un millón de dólares.
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves una ley que castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel a quienes respalden sanciones internacionales contra el país y establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen.
“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, según uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para reforzar las sanciones. El texto estipula multas que sobrepasan el millón de dólares.
La aprobación de la ley se conoció un día después que Estados Unidos sancionara a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete de Nicolás Maduro, incluidos algunos ministros, por encabezar la represión para que el presidente venezolano se declarara “fraudulentamente ganador” de las elecciones del 28 de julio.
La ley también impone penas severas de prisión a quien favorezca acciones armadas
La ley castiga también con idénticas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicita, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país.
La norma considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibió más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
Este nuevo marco legal también define como “acciones que ponen en riesgo la soberanía” el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de inversiones a sujetos que “simulen” representan el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio y cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos Gobiernos, entre ellos el de Javier Milei.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una “extinción de dominio” para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.
La legislación venezolana responde así a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. El texto necesita la aprobación del Senado y la firma del presidente para entrar con vigor.
La legislación en discusión en el Congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado “ilegítimo” por Washington, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo”.
Estados Unidos impuso sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, reelecto el 28 de julio para un tercer mandato entre denuncias de fraude de la oposición.
(Con información de AFP y EFE)
