Le sacaron su celular en un operativo donde también requisaron a funcionario de la AFIP-Aduana y a un estudio jurídico particular.
Fiscales federales ordenaron el allanamiento del despacho que ocupa el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque en los Tribunales Federales de Rosario, en una investigación en extremo compleja que se sustancia hace seis meses y que no tiene relación con las causas que complican al magistrado sospechado de omisiones en la pesquisa contra el narcotraficante Esteban Alvarado.
Hubo una medida por completo inusual requerida por los fiscales del caso y avalada por el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz: el secuestro del teléfono celular del magistrado, que se concretó esta mañana.
Otro de los allanados es un alto jefe histórico de delegaciones de la AFIP en Rosario: Carlos Vaudagna, que estuvo a cargo de las delegaciones de Santa Fe y de Rosario del organismo recaudador. Y que ahora, luego de un sumario interno, se desempeña como asesor externo de la dependencia en Santa Fe, con cobro de sueldo.
Lo que motivan estos allanamientos son muy fuertes indicios de una red de corrupción institucional por favorecimientos indebidos a determinados individuos en los que están contemplados como eslabones funcionarios judiciales, de la AFIP, de la Aduana y profesionales de estudios jurídicos y contables.
Se investiga si el juez federal Bailaque, más otros funcionarios de la Justicia Federal, actuó en conexión con un alto funcionario de la AFIP, tanto de las delegaciones de Santa Fe como de Rosario, en situaciones de favorecimiento o persecución a contribuyentes que se encontraban en problemas penales o a los que se les generaban.
Agentes de Gendarmería Nacional allanaron oficinas de AFIP-Aduana de Santa Fe, Rosario y de la Aduana-Hidrovía. Uno de los allanados este jueves es el contador y abogado Omar Rizzo, un profesional particular vinculado a la AFIP y también al juez Bailaque según los elementos obtenidos en la pesquisa.
¿Qué hace Bailaque según los investigadores? Impulsa con gran rapidez medidas en causas donde habitualmente es cauteloso, procura evidencia y las cierra con dictados de falta de mérito. En el medio intermediarios visitan a los denunciados.
El caso detonante, según altas fuentes judiciales confiaron a LPO, sería impulsado por un agente de Bolsa que tomó licencia de su cargo como directivo de la Aseguradora San Cristóbal en 2019 luego de que fuera denunciado por delitos económicos en una causa impulsada por el juez Bailaque.
Por ese caso hace dos semanas allanaron oficinas de la Bolsa de Comercio de la que el denunciado es socio, su casa y su escritorio en la empresa aseguradora. El defensor del agente de Bolsa, Oscar Romera, llamó la atención sobre que la pesquisa se haya disparado a partir de un texto anónimo sin denuncia contra su representado. El texto sugiere que se investigue al directivo por el hecho de haber sido socio de Jorge Onetto, investigado hace seis años por un caso conocido megaestafa inmobiliaria, que terminó para él con una acuerdo civil.
La premura de la acción de Bailaque a partir de una acusación vaga fue el gatillo en una investigación que ya tenía contra el magistrado acumulación de evidencia de casos semejantes a partir del secuestro de un teléfono celular en 2021 por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano de persecución santafesino donde trabajan los fiscales.
El caso que tiene hoy estas medidas inusuales se inició hace más de seis meses y generó diversas causas entre fiscales de la Justicia Federal. Las impulsan los fiscales de Procunar Matías Scilabra, el fiscal federal Federico Reynares, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, el de Reconquista Roberto Salum y el de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay.
Bailaque es investigado actualmente por el Consejo de la Magistratura sospechado de haber negado en 2013 medidas de investigación consideradas cruciales contra el narcotraficante rosarino Esteban Alvarado.
Hace tres meses, mientras se sustanciaba este trámite, trascendió que el magistrado rosarino tenía el mismo contador que firmaba balances para dos empresas de Alvarado. Este contador se llama Gabriel Mizzau y tiene un hijo, Sebastián Mizzau, que entró en 2017 a la Justicia Federal a trabajar en el despacho del juez federal Bailaque. Antes de que se divulgara esta noticia Mizzau hijo fue ascendido como empleado a un Tribunal Federal Oral de Rosario.
Por estos hechos la diputada provincial socialista Lionella Cattalini formuló una denuncia penal contra Bailaque que fue avalada por la Legislatura Santafesina. También declaró como testigo ante el Consejo de la Magistratura que debe expedirse sobre el futuro del magistrado.
Hace dos semanas trascendió un borrador desde la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo con los magistrados candidatos a ascender para cubrir 140 vacantes en la Justicia Federal. En esa lista figura el nombre de Marcelo Bailaque para cubrir un cargo de vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Esa lista provisional sacudió fuerte al ámbito de la Justicia Federal y al gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. Lo consideraron un anzuelo arrojado para iniciar una negociación difícil para el oficialismo: el oficialismo solamente tiene 7 de los 72 miembros del Senado, el órgano que por mayoría simple define los nombramientos de los jueces. Se lo tomó como un candidato tirado para negociar su salida a cambio de otro postulante. No obstante, el nombre del ya cuestionado juez rosarino figuró allí.
