Fue tras un encendido discurso en el que Guillermo Castello calificó a Rodolfo Walsh como un «asesino terrorista».
En una sesión caliente, los diputados de la provincia aprobaron la creación de una comisión especial que se encargará de evaluar el discurso del diputado libertario Guillermo Castello, quien cuestionó en duros términos el proyecto para expropiar la casa de Rodolfo Walsh en San Vicente y acusó al autor de Operación Masacre de ser un «terrorista asesino».
Castello dijo que Walsh fue el cerebro «del peor ataque contra la comunidad argentina antes de la AMIA». Dijo que fue el cerebro del ataque al comedor de la Policía Federal en 1976 que dejó un saldo de 23 muertos y 110 heridos.
Entre abucheos del recinto, el diputado libertario dijo que Walsh también fue autor del plan para secuestrar a los hermanos Born donde hubo dos muertos. También consignó la participación del escritor y periodista en el atentado contra el comisario Villar y contra su esposa. «Están homenajeando a un asesino», dijo el legislador.
En el palco estaba la ex diputada Myriam Bregman y Patricia Walsh, hija del periodista desaparecido durante la dictadura. Castello señaló el palco y aseguró que allí deberían estar los familiares de las personas asesinadas por Rodolfo Walsh. «Yo no lo veo. Lamentablemente deberían estar acá los familiares de las víctimas de Walsh, de los Montoneros y los terroristas asesinos», dijo.
Tras el encendido discurso de Castello, el camporista Facundo Tignanelli apeló al artículo 212 del reglamento de Diputados para establecer una moción de votación y conformar una comisión especial que puede llegar a incluso expulsar a un diputado por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La propuesta de Tignanelli fue aprobada por los dos tercios de los diputados presentes.
El artículo 212 del reglamento de Diputados establece que en caso de que un diputado incurra en reiteradas faltas graves, la Cámara decidirá por una votación, sin discusión, usar de la facultad que le confiere el artículo 99 de la Constitución provincial.
Ese artículo establece que la Legislatura puede «corregir» a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y, en caso de reincidencia, «podrá expulsarlo con dos tercios de los votos.
«No está permitido hablar permanentemente en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos, por lo tanto pido que se haga votación, para que se establezca una comisión de revisión de los dichos permanente en contra de la democracia», remarcó Tignanelli.
