Este miércoles, cuatro años después de que Lucas Lin, un nene de 5 años, muriera ahogado en la pileta de la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln de La Plata, su caso llega a juicio en los tribunales penales de la ciudad donde ocurrió la tragedia.
La familia del menor lleva años pidiendo justicia por lo que consideran una muerte “evitable”, y exigen la pena máxima para los responsables de la colonia, que, según los abogados de la querella, no contaban con el personal calificado ni los protocolos adecuados para garantizar la seguridad de los niños.
El debate, que estará a cargo de los jueces Ernesto Domenech, Vitali y Paolini, del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3, se desarrollará en la Sala de Audiencias del primer piso del fuero penal. La fiscal de juicio será Helena de la Cruz. Declararán peritos, médicos, personal del SAME y todos los que intervinieron en el hecho.
Los papás de Lucas, así como también sus compañeritos de colegio, anticiparon que estarán presentes y pidieron el acompañamiento de la comunidad educativa. Todos esperan que la Justicia revele qué pasó esa fatídica tarde y que se condene a los responsables.
Un hecho evitable y lleno de irregularidades
El 5 de febrero de 2019, Lucas Lin asistía a la colonia de verano junto a un grupo de compañeros del Colegio Lincoln. La actividad del día se desarrollaba en la pileta semiolímpica del campo de deportes ubicado en calle 518 entre 135 y 137, un espacio que, de acuerdo con lo que determinó la investigación, no estaba supervisado conforme a la normativa.
Lucas, quien recién se integraba a la colonia y apenas hablaba español, fue encontrado ahogado en la pileta por otro niño que dio aviso al personal, a las 15.30. Aunque fue rescatado y se intentó reanimarlo por casi 40 minutos con RCP, el pequeño falleció.
La pileta en cuestión tenía una profundidad que variaba desde 96 centímetros hasta los 2,25 metros, y si bien contaba con la presencia de un guardavidas, la supervisión fue insuficiente. “Lo único que queremos es que se sepa la verdad y que se haga justicia”, señalaron los padres de Lucas en un comunicado, en el que invitaron a la comunidad a acompañarlos en el inicio del juicio.
En diálogo con TN, la abogada Andrea Reynoso, que integra la parte acusadora junto a Matías Pietra Sanz, explicó: “Lucas estuvo bajo el agua entre 15 y 20 minutos antes de que lo encontraran. La UDEC tardó en llegar y, a pesar de que intentaron reanimarlo durante casi una hora, ya era tarde. Los guardavidas y la supervisora no estaban preparados; esto se pudo haber evitado con personal adecuado”.
“Vamos a pedir la pena máxima de acuerdo a los delitos que se le imputan, porque esta tragedia se pudo haber evitado. Nunca les importó la seguridad; solo les importó el bolsillo”, aseveró.
Acusados en el banquillo: los cargos y las responsabilidades
El caso fue investigado por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata, quien ordenó una serie de pericias en el campo de deportes y la realización de la autopsia. Los peritos concluyeron que la víctima murió por “asfixia por sumersión”.
Tras varios meses de instrucción, el proceso judicial puso en el centro a cuatro personas clave: el guardavidas Martín Argüelles y la auxiliar Carolina Muro, acusados de “abandono de persona seguido de muerte”; y Rosana Costa y Osvaldo Ramos, gerente y director de la colonia, respectivamente, que enfrentan cargos por “homicidio culposo”.
En el caso de Muro, era quien estaba a cargo del cuidado de Lucas y su grupo, aunque su experiencia y capacitación eran notablemente insuficientes, ya que apenas tenía un 23% de su carrera de Educación Física completada, lo que contraviene la ordenanza municipal que exige un profesor y un asistente para cada grupo en este tipo de actividades.
Además, la situación se complica para Rubén Monreal, dueño del Colegio Lincoln, quien fue imputado luego de una apelación, acusado de “homicidio culposo”. Según la querella, Monreal contrató a personal sin capacitación adecuada para abaratar costos, priorizando el ingreso económico sobre la seguridad de los menores que asistían a la colonia.
Otros dos involucrados son los exinspectores municipales Myriam Viviana Salinas y Diego De Luca, acusados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber habilitado la colonia pese a las deficiencias en seguridad.
“La ordenanza establece que cada grupo de niños esté supervisado por personal idóneo. Lucas no tenía eso. Los supervisores y la responsable no estaban preparados”, dijo Reynoso.
La habilitación del predio fue otro punto cuestionado. La abogada destacó irregularidades en la documentación, que inicialmente parecía incompleta y que luego, tras citaciones judiciales, mostró páginas adicionales, un hecho que puso en duda la integridad del proceso de habilitación y posible manipulación.
Además, el predio de la colonia estaba dentro de una casa quinta propiedad de Monreal, donde además vivía. La letrada recordó que este espacio tuvo complicaciones para ser habilitado como campo recreativo en el pasado.
“El propietario prefería tomar atajos y reducir gastos, lo cual se reflejó en el personal que se contrató: gente joven, sin experiencia, y que evidentemente no podía garantizar la seguridad que una colonia de verano requiere”, agregó.
Una familia devastada
Los familiares de Lin, que llegaron a Argentina desde China, siguen sin entender cómo pudieron perder a su hijo en un entorno que debía ser seguro y supervisado. Según Reynoso, el colegio solo se acercó una vez para ofrecer la educación gratuita del hermano de Lucas y plantar un árbol en su memoria, una propuesta que rechazaron rotundamente.
“Es una familia que no entiende por qué le arrebataron a su hijo, que busca respuestas, saber por qué pasó lo que pasó, y que ahora tiene que ver si nuestro sistema judicial es capaz de juzgar a los verdaderos responsables de la muerte de Lucas”, señaló.
Es que, a la familia le resulta particularmente difícil procesar el hecho en un país con penas menos severas para este tipo de casos en comparación con China. “Ellos son de una cultura diferente, donde las leyes son rigurosas, muy contrario a lo que sucede en Argentina”, cerró la abogada.
