El asesinato a sangre fría de Susana Montoya, viuda del desaparecido Ricardo Albareda, puso al Gobierno de Martín Llaryora en máxima alerta, al punto que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, suspendió una gira de una semana por Estados Unidos para seguir de cerca la investigación.
El viernes a la noche, el cuerpo de la mujer fue hallado en el patio de su casa por su hijo Fernando Albareda, quien es militante de HIJOS y llevó adelante las acciones para enjuiciar a los responsables de la tortura y muerte de su padre. En el interior de la vivienda había amenazas. Según relató el hijo de la mujer, estaban escritas con lápiz labial en la pared: «Los vamos a matar a todos».
Para los organismos de derechos humanos, el crimen es un reflejo de la política negacionista del Gobierno nacional, pero en Gobierno tampoco descartan otras hipótesis, como la confluencia del móvil económico y el ideológico: hace pocas semanas, el Gobierno provincial, con la firma de Llaryora y en un hecho inédito, había reconocido el grado de comisario para Albareda.
Este reconocimiento por parte de la Policía generó una importante indemnización para la mujer de Albareda y su hijo: 76 millones de pesos que debían acreditarse en los próximos días. La resolución con el monto fue publicada en el Boletín Oficial. ¿Y las amenazas escritas en la pared? «Podría ser una forma de desviar la atención», dice un investigador que advierte que se está frente a un caso con múltiples complejidades.
Respecto del móvil ideológico, vale recordar que la Policía de Córdoba reconoció que las torturas y el asesinato de Ricardo Albareda fueron un delito de lesa humanidad. El principal torturador de Albareda fue Raúl Telleldín, también policía y padre de Carlos Telleldín, vinculado en la causa AMIA y reconvertido en abogado.
El caso por el secuestro, la tortura y el asesinato de Albareda, ocurrido en 1979, llegó a juicio en 2009. Fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y el exjefe de Policía Rodolfo Campos, entre otros policías. Telleldín ya había fallecido al momento de las condenas. Hay otro dato que los investigadores apuntan en este rompecabezas: la mujer asesinada fue personal civil de la Policía desde el retorno de la democracia hasta su jubilación.
Cerca de Llaryora esperan que la investigación que comanda el fiscal Juan Pablo Klinger aporte pistas claras antes de pronunciarse públicamente. «Quinteros se bajó del avión que lo llevaba a Estados Unidos para dar una clara señal a la familia y a la sociedad que el esclarecimiento del caso es prioritario, con absolutamente todas las hipótesis de trabajo abiertas», dijo una alta fuente del Gobierno provincial.
Aunque en el Gobierno no lo blanquean, Quinteros también quiere dar una señal hacia adentro de la Policía: «Esta Policía es de la democracia y no hay lugar para trasnochados», dijo hace unos meses atrás en el marco de una jornada sobre derechos humanos. Por eso no fue casual que el viernes por la noche llegaran al lugar del crimen de la mujer él y los máximos jefes de la Policía provincial.
En los organismos de derechos humanos hay conmoción. La agrupación HIJOS reclamó a la Justicia y al Gobierno provincial el esclarecimiento y la protección de Fernando Albareda. «Los discursos de odio que circulan en nuestra sociedad son un peligro latente cuando pasan a la acción», dice el comunicado. El velorio de la mujer será este lunes.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria Gabriela Estevez y Pablo Carro salieron a reclamar el esclarecimiento y vincularon el crimen con el negacionismo.
«El negacionismo y el horror de un tiempo que no puede repetirse. Tras meses de amenazas, asesinaron a Susana Montoya, esposa de Ricardo Albareda, desaparecido en la última dictadura, mamá de Fernando Albareda», dijo Carro.
Hasta el domingo a la noche, los jefes opositores Luis Juez y Rodrigo de Loredo no se habían pronunciado en redes sociales respecto del asesinato de Susana Montoya.
