El intendente de Resistencia, Roy Abelardo Nikisch, y el Concejo Municipal siguen retaceando documentación a la justicia provincial por lo que volvieron a ser intimados para que aporten la información referida a la sanción de la Ordenanza General Tributaria del año 2024 que fue judicializada por los concejales opositores que reclaman que se la declare inconstitucional por haber sido aprobada con seis votos -en una sesión “especial” realizada el 22 de diciembre de 2023- y no por los dos tercios requeridos por la Carta Orgánica Municipal.
Lo llamativo es la parsimonia con la que se desenvuelve en este caso la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa, que integran las juezas Natalia Prato y Geraldine Varas, ya que la acción de amparo con medida cautelar impulsada por los concejales Fabricio Bolatti, Lucila Masín, Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Angel Sánchez está caratulada con el Nº 1/24. Es decir, fue la primera presentación realizada ante ese tribunal en lo que va del año y se encamina a ser declarada abstracta dados los tiempos dilatorios que se manejan, más allá de que hay fallos previos de ese mismo tribunal que le darían la razón a los ediles opositores.
Es el mismo tribunal que falló expeditivamente en favor de la actual gestión radical avalando la declaración de lesividad de casi todos los pases a planta del último tramo del exintendente Gustavo Martínez, incluyendo el de trabajadoras que se encontraban atravesando licencia por maternidad, como ya se informara en notas anteriores de LITIGIO.
Transcurridos ya tres meses del primer oficio enviado para requerir la documentación, tanto el Municipio y como el Concejo Municipal han hecho caso omiso al mandato judicial. En ese contexto, los concejales opositores le reclamaron al tribunal que avance con una resolución del caso y, así, las juezas de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa enviaron nuevos oficios reiteratorios al Municipio y al Concejo Municipal. Mientras tanto, el tiempo transcurre y los efectos de la ordenanza presuntamente inconstitucional se siguen sintiendo en los alicaídos bolsillos de los contribuyentes de la ciudad de Resistencia percibiéndose como el Poder Judicial aplica dos temporalidades cuando se trata de tramitar casos a favor o en contra del poder político municipal.
