En medio del escándalo por los alimentos retenidos en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano, la Justicia le ordenó al Gobierno que entregue tanto el stock como el cronograma de distribución de los productos que el organismo tiene almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo.
Este lunes vence la fecha que dispuso el juez federal Sebastián Casanello a principios de junio. La cartera dirigida por Sandra Pettovello había recurrido ese fallo y la última palabra la tuvo la Sala II de la Cámara de Apelación. De esta forma, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron de manera unánime la medida cautelar y dispusieron un plazo para cumplir con esta exigencia.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano señalaron a TN que el cronograma será entregado mañana a primera hora en sede judicial, pese a que días atrás la abogada Leila Giani aseguró que no iban a permitir que “ningún juez militante” le dijera al gobierno de Javier Milei cómo manejar la política pública. Al Ejecutivo no le queda otra opción más que acatar la orden, de lo contrario incurriría en el delito de desobediencia.
A principios de junio, Giani había informado sobre la entrega de algunos alimentos que el Ministerio tiene acopiado en sus depósitos y para el Gobierno esa cooperación ya se hizo. Sin embargo, esos documentos sumados al expediente a Casanello le resultaron “insuficientes”. En la resolución, el magistrado destacó que “algunas de las acciones enunciadas en el cuadro de distribución aportado ya deberían haber sido ejecutadas”, y reiteró el pedido a mediados de mes.
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La causa contra Sandra Pettovello fue iniciada por el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, quien acusó a la ministra por malversación, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia. La denuncia se fundamenta en la retención injustificada de casi 6 millones de kilos de alimentos en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Además, Grabois aseguró que la ministra evitó presentar el plan de reparto ordenado por la justicia federal, optando en su lugar por distribuir leche próxima a vencer a la fundación CONIN, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un valor de $1.200 millones. Esta acción generó fuertes críticas y el propio dirigente amenazó con hacer una ampliación de la denuncia, que posiblemente se radique en las próximas horas.
Según Grabois, la leche en polvo y la harina próxima a vencer fueron entregadas “de forma notoriamente inapropiada”, y el Gobierno solo lo hizo para “evadir la manda judicial de presentar el plan de reparto de alimentos, tal como lo ordenó la justicia federal”.
