Desde este lunes y durante tres días, representantes de varios países se reunieron en Santiago, Chile, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) firmantes del Acuerdo de Escazú. La cumbre climática busca hacer un seguimiento del pacto al que suscribió la Argentina en 2018, que pondera el rol del público en la toma de decisiones ambientales y la protección de activistas, en tanto América Latina es la región con más asesinatos de manifestantes ecologistas a nivel mundial.
Este martes, Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente y representante del Gobierno en esta conferencia, dio a conocer el plan del Ejecutivo para cumplir con el compromiso asumido: “En materia de participación pública, estamos trabajando en el proceso de elaboración participativa de normas para implementar en proyectos futuros. Además, estamos iniciando un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para incorporar su perspectiva en las acciones que demande el acuerdo a nivel nacional”.
En rigor, el Acuerdo de Escazú, que la Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27.566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pone el foco en la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el ambiente.
Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre defensores ambientales.
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Al respecto, durante la segunda jornada del evento, Augusto Paz expuso las claves en las que trabaja la Subsecretaría de Ambiente para concretar acciones. “En el ámbito de la sociedad civil, se está llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que defienden el ambiente en Argentina, con el fin de enriquecer el conocimiento oficial y buscar soluciones para sus diferentes realidades”, expresó el funcionario.
Consultado por TN, Paz agregó algunos detalles sobre los puntos en los que trabajará el Gobierno para cumplir con Escazú. “Estuvimos trabajando en facilitar el acceso a la participación, lo que hicimos fue hacerlo más digital y así le damos más lugar a la gente a participar. Y flexibilizamos los plazos e hicimos más accesibles las normas para que la ciudadanía pueda entenderlas”, dijo.
En cuanto a la capacitación, el Gobierno trabaja en la actualización del programa de formación para funcionarios y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos específicos sobre el Acuerdo de Escazú. También se están realizando esfuerzos para promover la educación ambiental a través de material audiovisual que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos y niveles educativos. También de manera digital y articulando con provincias y municipios.
“Estamos promoviendo acuerdos con diversas áreas de organismos, tales como la Secretaría de Geoeconomía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Instituto Geográfico Militar Nacional. El objetivo de estos acuerdos se centra en identificar la información ambiental con que cuentan los organismos, generar intercambios, unificar los formatos de publicación y avanzar en la geo-representación de datos. Esto surgió a partir de un diagnóstico que nos mostró que usamos todos bases distintas. Dentro de nuestras secretarías, cuando tuvimos que empezar a mitigar nuestras bases, descubrimos que teníamos 10 tipos de visualizadores distintos de información”, señaló Paz.
