La zarpada del barco de La Libertad Avanza se inició el 10 de diciembre, sin el tradicional saludo de buenos augurios de la botella de champán chocando contra la quilla. El mensaje “no hay plata” que sonó desde el puesto de mando hasta el último rincón de la nave, ya baqueteada de travesías anteriores, impedía más derroches, antes de volver a lanzarse a las siempre turbulentas aguas de la economía argentina. Apenas partió, el capitán advirtió un iceberg de inflación corriendo acelerado, que obligaba a modificar el rumbo para no impactar de lleno. Los pasajeros captaron el mensaje de que no habría botes ni salvavidas para todos. Hasta ese nivel llegó además la breve esquela en la que se los ponía al tanto de que, por un buen tiempo, deberían arreglárselas con las provisiones cargadas en el puerto anterior, casi las mismas que en la escala previa.
Motosierra por un lado, licuadora por el otro, estas han sido y siguen siendo las principales herramientas del gobierno de Javier Milei para contener el gasto público y reducir el costo del Estado a su mínima expresión. Necesita tener la inflación a raya para que el barco no se hunda. Sin embargo, era a todas luces evidente que la Administración Pública Nacional no podría funcionar por mucho tiempo más con el mismo presupuesto que el año pasado, en especial considerando que en 2023 se registró una inflación del orden del 211,4%, según datos del INDEC.
La pérdida de casi 15.000 puestos de trabajo, la paralización de la obra pública y la eliminación o disminución de recursos como el Fondo de Incentivo Docente, entre otras medidas, tienen un impacto directo en el presupuesto público. Pero esos recortes no alcanzan para cubrir todas las necesidades del Estado Nacional, que necesita seguir funcionando aunque su capitán crea que es una organización criminal, la que paradójicamente lo tiene en la sala de mando.
Al no haber sido aprobada la ley de Presupuesto para el ejercicio 2024, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 88/2023, dispuso la prórroga del vigente para el ejercicio fiscal 2023. Hasta el 26 de marzo pasado los valores de las partidas presupuestarias para el ejercicio en curso eran exactamente iguales a los del año pasado. Pero algo cambió desde ese día. Fue porque en el Boletín Oficial se publicó un nuevo Decreto, el 280, mediante el cual se dispuso una ampliación presupuestaria, elevando la autorización del gasto en $14,48 billones. El gobierno espera cubrir ese valor con un aumento de los recursos tributarios, que se calcularon en $19,41 billones.
Con la citada ampliación, el presupuesto vigente para 2024 asciende a la suma de $54,73 billones, un aumento del 36% con relación al del año anterior, que era de $40,25 billones. La información surge del análisis de los datos contenidos en el portal de Presupuesto Abierto, que monitorea al detalle la evolución del gasto público.
Al analizar por jurisdicción (no por ministerio) en valores netos, se deduce que los mayores montos de ampliación presupuestaria se dieron en Capital Humano, Servicio de la deuda pública y Obligaciones a cargo del Tesoro. En el primer caso, el presupuesto inicial era de $19.797.217 millones y el actual vigente de $27.196.110 millones, por lo que la diferencia neta fue de $7.398.893 millones, es decir un incremento del 37%. Pero, el 98% de esta ampliación ($7.273.729 millones) no está asignado directamente al ministerio que lidera Sandra Pettovello, sino a la ANSES, que aunque es un organismo descentralizado, tiene por jurisdicción a Capital Humano. Más de 4 de esos 7,27 billones están destinados al pago de jubilaciones.
En cuanto al Servicio de la deuda pública su presupuesto inicial era de $4.487.857 millones y el vigente pasó a $7.181.657, con un aumento de $2.693.800 millones. Representa un incremento porcentual del 60%.
Las Obligaciones a cargo del Tesoro disponían antes de la ampliación de un presupuesto inicial de $3.138.150 millones y se dispuso elevarlo a $5.704.150 millones: un incremento neto de $2.566.000 millones que representa el 80% (el más alto de todas las jurisdicciones)
Le sigue la Jefatura de Gabinete que tenía un presupuesto inicial de $1.755.058 millones y se elevó a $2.137.835 millones; aumentando el 22% ($382.777 millones netos).
Y en el ranking de las mayores ampliaciones netas figura también el área de Seguridad, que tenía un presupuesto inicial de $1.991.069 millones y el vigente se elevó un 19% pasando a $2.371.997 millones, con una ampliación neta de $380.928 millones
En términos de variaciones porcentuales, por debajo de las Obligaciones a cargo del Tesoro que como se indicó, aumentaron su presupuesto en un 82%, el segundo mayor aumento fue el del Poder Judicial de la Nación que alcanzó un 71% de incremento, ya que pasó de un presupuesto inicial de $530.348 millones a $907.545 millones, siendo la ampliación neta de $377.197 millones.
Si se analizan las ampliaciones presupuestarias no por jurisdicción sino por organismo, la mayor variación porcentual se dió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pasó de un presupuesto inicial de $67.805 millones a uno ampliado de $129.449 millones; es decir un incremento del 91%
En el otro extremo, la Secretaría de Educación tuvo una magra ampliación del 2%, pasando de un presupuesto inicial de $2.477.154 millones a uno vigente de $2.518.953 millones. No obstante, hay partidas específicas, por ejemplo dentro del área de Educación Superior, que no tuvieron incremento alguno: es el caso de las asistencias financieras para el pago de salarios a docentes y no docentes, que además ya ejecutaron el 41% del recurso disponible.
No todos fueron aumentos
Pero no todas fueron ampliaciones presupuestarias. También hubo recortes y en algunas áreas fueron severos: en estos casos el presupuesto vigente no está en cero, pero hubo una baja más que considerable con relación al presupuesto inicial.
Los cinco mayores recortes netos por partida fueron los siguientes: El Fondo Nacional de Incentivo Docente que depende de la Secretaría de Educación: disponía de un presupuesto inicial de $347.094 millones y ahora tiene uno vigente de $70.832 millones. El recorte fue de $276.262 millones (baja del 80%).
A continuación aparece el programa Planificación, Control, Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Política de Salud, que depende del ministerio que lidera Mario Russo: tenía un presupuesto inicial de $65.647 millones y ahora sólo tiene 1 millón, con una reducción de $65.646 millones (baja de casi el 100%).
Luego el Abordaje Territorial, programa Ayudas Directas a Personas, del área de Desarrollo Humano y Economía Solidaria, tenía un presupuesto inicial de $38.774 y ahora maneja uno vigente de apenas $789 millones, lo cual implica una reducción de $37.985 millones. (baja del 98%).
El programa Acciones del Programa Avanzar Productivo, que tenía un presupuesto inicial de $37.089 millones y ahora tiene cero (baja del 100%) y por último la Promoción Turística Nacional: tenía un presupuesto inicial de $29.695 millones y el vigente es de $1.966 millones. Una diferencia neta de $27.728 millones (baja del 93%)
La lista de los 20 mayores recortes por partida, que se observa en el gráfico superior, incluye otras disminuciones de presupuesto que han tenido alto impacto en distintos sectores de la economía. Uno de los casos es el de la Dirección Nacional de Vialidad: en este organismo se observa parte de la paralización de la obra pública. Las dos actividades con mayor presupuesto, destinadas a rutas, quedaron prácticamente desfinanciadas.
Por ejemplo: el tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial tenía un presupuesto inicial de $12.138 millones y el vigente al día de hoy es de apenas $16 millones, con una reducción de $12.122 millones, o sea de casi el 100%. Y el equipo básico para el desarrollo de tareas de mantenimiento llevadas adelante por los 24 distritos de la Dirección Nacional de Vialidad tenía un presupuesto inicial de $29.493 millones y quedó con un vigente de $1.970 millones; una reducción de $27.524 millones, es decir una baja del 93%
Cero presupuesto vigente
Además de estos recortes, hay 63 actividades en las que en 2023 había presupuesto, pero ahora el vigente aparece en cero. Sumando, entre todas, el recorte fue del orden de los $105.902 millones
Los tres programas más afectados en términos netos fueron: Acciones del Programa Avanzar Productivo, presupuesto inicial $37.089 millones y vigente cero. Esta actividad estaba destinada a brindar una asistencia financiera equivalente al 40% de la inversión de capital en semillas y fertilizantes para incentivar la siembra de soja y maíz.
En segundo lugar, la Implementación de Políticas para el Desarrollo del Agregado de Valor en las Cadenas Agroalimentarias, que depende del programa Fortalecimiento del Desarrollo Regional de Alimentos y Bioeconomía, $10.586 millones de presupuesto inicial y vigente cero.
Y en tercer lugar el Sistema nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios, $8.482 millones y ahora con presupuesto vigente en cero.
En términos generales, hasta el 8 de abril, la ejecución presupuestaria fue del 28%. No obstante al analizar por jurisdicción, se observa que para esa fecha la ejecución del Ministerio Público fue del 43%, ya que lleva ejecutados $93.489 millones de los $217.378 millones de presupuesto vigente. En tanto Salud, Servicio de la Deuda Pública y el Poder Legislativo Nacional ya ejecutaron el 39% del presupuesto vigente.
En el desglose por partidas individuales, hay 234 actividades u obras que ya ejecutaron más del 50% de su presupuesto vigente.
¿Cómo se procesó la información?
La unidad de datos descargó la información contenida en la base de datos de Presupuesto Abierto que se actualiza diariamente. Los datos son del 8 de abril. Se analizaron las variaciones presupuestarias por jurisdicción y también por organismo, así como el avance en la ejecución.
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Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
