El 3 de abril de 2023 amaneció con un titular que se replicó con fuerza y anticipó el impacto político y social que tendría la noticia durante ese día y las semanas siguientes. “Asesinaron a un colectivero de la línea 620 en Virrey del Pino”, se leía casi al unísono en medios y portales.
La víctima se llamaba Daniel Barrientos (55), un vecino de González Catán que había formado una familia ensamblada con Andrea, le gustaba cocinar y sus amigos, cariñosamente, lo llamaban “Capitán”. Había sido chofer durante más de tres décadas y le quedaba un mes para jubilarse. Sus compañeros ya le estaban planeando la “última vuelta”, como se conoce en la jerga al recorrido final de los colectiveros. Este último dato sobrevoló el caso en forma repetida, casi como un retrato del absurdo y la injusticia.
Poco antes de las cinco de la mañana, dos delincuentes subieron al interno 87 conducido por Barrientos en la esquina de Bernardino Escribano y Cullen, barrio Vernazza. Simularon hacer un viaje, pero estaban armados y, cuando el chofer retomó el recorrido, amenazaron y les quitaron sus pertenencias a los pasajeros. Un tercer atacante los esperaba en un Fiat Siena robado unos días antes a otro grupo de delincuentes, lo cual motivó la apertura de una causa en paralelo por la que tres personas permanecen detenidas.
Testigos contaron que en el colectivo viajaba un policía bonaerense que dio la voz de alto. Allí se desencadenó un tiroteo y una bala impactó en el pecho de Barrientos, que cayó sobre el volante y murió en el acto.
Un año después, según reconocieron fuentes del caso a TN, ese tercer delincuente “quedó sin identificar” y está libre. Por el crimen de Barrientos hay un detenido con prisión preventiva: se llama Edgardo Martín Muñoz, tiene 22 años y fue señalado como quien asaltó a los pasajeros. Enfrenta una condena por robo agravado en concurso real con homicidio agravado criminis causa.
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De acuerdo con la investigación, quien efectuó el disparo que le arrebató la vida al chofer es un chico de 15 años cuyas iniciales son L.D.D.J. Para la ley es inimputable: no podrá ser juzgado ni condenado. “Tiene un auto de responsabilidad en el Fuero Penal Juvenil de La Matanza”, precisó el vocero del expediente. La medida deberá terminar cuando cumpla 18 años. En adelante, la Justicia no podrá prorrogar la detención y el joven quedará en condiciones de recuperar la libertad. Hoy permanece en un instituto de menores de régimen cerrado, en La Plata.
Ambos sospechosos cayeron el 1.º de junio del año pasado, en González Catán, tras una serie de allanamientos ordenados por Carlos Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza que tomó el caso luego de que Gastón Duplaá abandonara la causa sin lograr ningún avance significativo: al principio había realizado dos detenciones, pero luego liberó a esos sospechosos por falta de pruebas.
Cerca de las 7.30 de aquel 3 de abril, un rato después del crimen, el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro en protesta por el crimen de Barrientos y en reclamo de medidas de seguridad para los choferes. Hubo una movilización en la Avenida General Paz y Rosas. Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se hizo presente en el lugar y fue agredido a golpes y piedrazos por un grupo de manifestantes. La violencia alcanzó una magnitud tal que el funcionario debió ser rescatado por efectivos de la Policía de la Ciudad.
A esa altura, Berni ya había deslizado la hipótesis del ajuste de cuentas en el crimen de Barrientos, algo que nunca pudo ser comprobado. La investigación se dirigió hacia un episodio de inseguridad con ribetes similares a los que tiempo atrás habían costado otras dos vidas de choferes en la misma zona.
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“Los choferes seguimos obligados a rezar todos los días antes de salir de nuestras casas”
“Siempre presente en el corazón de los compañeros”, decía una bandera que reunía a Barrientos con Leandro Alcaraz (26), otro chofer de la misma empresa que fue asesinado el domingo 15 de abril de 2018 en la esquina de Santiago Bueras y Concordia, en el barrio San Pedro de Virrey del Pino, muy cerca del lugar donde mataron a Barrientos. Un año y medio más tarde, el 1° de octubre de 2020, un grupo de delincuentes terminó a balazos con la vida de Pablo Flores (37), colectivero de la línea 218, en la rotonda del barrio San Javier y la calle Bacigaluppi. Ese crimen continúa impune hasta hoy.
Dos semanas después del asesinato de Barrientos, el 20 de abril del año pasado, el gobierno del Frente de Todos anunció la incorporación de 300 nuevos gendarmes para sumarse a los 700 que tenían como tarea patrullajes de prevención en zonas peligrosas. En simultáneo, se sumaron efectivos de la Policía Federal para reforzar la vigilancia en las estaciones de trenes.
Sin embargo, durante una nueva protesta en mayo, los colectiveros denunciaron que la presencia policial había disminuido. “Nada cambió. Los choferes vivimos obligados a rezar todos los días antes de salir de nuestras casas, porque no sabemos si vamos a volver. Trabajo todos los días en la calle y te puedo asegurar que la inseguridad está cada vez peor”, cuenta a TN Gustavo, chofer de la 218 que era amigo de Flores.
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“Esperemos que lo que está pasando en Rosario no ocurra también en La Matanza”, implora el colectivero. En los últimos cinco meses, en la ciudad santafesina hubo dos crímenes de choferes vinculados con la violencia narco.
El crimen de Barrientos ya fue elevado a juicio oral, aunque todavía no tiene fecha. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Matanza debe fijarla. Allí la familia de Barrientos -su hija, Daniela, prefirió no hablar ante el contacto de TN– espera que el chofer tenga justicia.
