La crisis narco en Rosario abre un debate en relación la militarización como forma de combate contra las organizaciones criminales.
La insistencia del presidente Milei y sus ministros Patricia Bullrich y Luis Petri para involucrar a las Fuerzas Armadas ha generado tensiones entre los uniformados que consideran que es una idea que está fuera de la ley y la Constitución, que además podría traerle consecuencias legales ante un cambio de gobierno.
Pero lejos de los sentimientos, los discursos y el debate acalorado en las redes sociales, el interrogante gira en torno a qué solución traería una decisión de ese calibre.
Crecen las presiones de Petri y Bullrich a las Fuerzas Armadas se involucren en la guerra contra el narcotráfico
En América Latina hay dos grandes experiencias que deberían ser analizadas en profundidad y que las propias Fuerzas Armadas la ponen sobre la mesa a la hora de argumentar la negativa de una intervención militar en Rosario: Colombia y México.
El primero, un país con más de 50 años de guerra civil que combinó organizaciones narcos y guerrillas revolucionarias como las FARC y el ELN y cuya estrategia bélica produjo desplazamientos forzosos y miles de desapreciaos y muertos.
México, por su parte, apeló a las Fuerzas Armadas dejando como saldo un aumento desatado de la violencia extrema, desapariciones y muertes, además de estados controlados por completo por las bandas narcos y militares, policías y políticos corrompidos y cooptados por organizaciones criminales.
Con la contundencia que muestran los fracasos de ambas experiencia, tanto Andrés Manuel López Obrados en México como Gustavo Petro en Colombia decidieron cambiar el enfoque y priorizar la negociación, una estrategia que aún no logra debilitar el poder de estos grupos.
Luis Fernando Trejos es Doctor en Estudios Americanos de la Universidad Nacional de Santiago de Chile y profesor e investigador de la Universidad del Norte de Colombia y explicó a LPO que «en Colombia el balance de la lucha contra la droga es negativo. Desde que se inició la prohibición y el tratamiento coercitivo, lo único que se ha logrado es el fortalecimiento de las organizaciones criminales que administran, gestionan o regulan el mercado de la cocaína y se ha debilitado estados de al región en lo cuales hubo una cooptación de la institucionalidad por parte de los agentes del narcotráfico».
El especialista explicó que «Petro propone cambiar el enfoque con su política de Paz Total pero todavía es una política que no se ha implementado y sigue utilizando indicadores de medición de éxito y fracaso que se ha utilizado anteriormente como cantidad de kilos incautados».
«Petro tampoco logró construir una gobernanza intenraicnal al respecto y entra en tensión con la eventual elección de Donald Trump ya que en la actualidad Biden ha sido flexible con el gobierno colombiano en términos discursivo e internamente para cambiar ese enfoque con medidas y políticas», agregó.
Trejos sostiene que «la militarización comenzó en la década del 70 cuando un grupo de militares entraron a erradicar cultivos de marihuana en la sierra nevada de Santa Marta, pero lo que ha hecho en la práctica fue un aumento de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y en alguna casos cooptación y corrupción. En el caso del combate, los alcaldes y gobernadores no cuentan con recursos, lo que hace que la política de droga dependa de las políticas nacionales».
En ese punto, el académico colombiano apunta que «los principales problemas son que el régimen antidroga lo formulan países que son consumidores y en esa formulación los países de paso o productores no tienen participación. De ahí, la metáfora de la bicicleta estática donde pedaleamos pero no avanzamos y solo avanza el crimen organizado transnacional. Por otro lado, el tema en America latina se produce con enfoques moralistas en lugar de miradas mas racionales, de la evidencia. Es un debate entre posturas mas conservadoras y menos liberales».
En relación a la idea de Argentina de involucrar a las Fueras Armadas, Luis Fernando Trejos, afirmó que «lo que hay que entender es que los militares pueden generar un efecto inmediato de percepción de seguridad, pero los narcos existen porque hay consumo y el consumo no se va a terminar disparando a los consumidores o encarcelándolos. Demanda un enfoque de política publica frente a los consumir y una regulación legal de los mercados de droga».
«Países europeos como Portugal han avanzado en ese sentido y no ha producido los efectos de que las voces conservadores de America Latina advierten, es decir, no se dispara la criminalidad, ha disminuido la población carcelaria y se desmantelaron a las organizaciones criminales», completó.
En relación a la experiencia mexicana, LPO habló con Javier Oliva Posada, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en Seguridad y Defensa, quien señaló que «el inicio de las acciones militares durante el sexenio de Felipe Calderón en 2006 fue producto de la precipitación y la improvisación, sobre todo en las áreas civiles de inteligencia».
«Es muy sugerente que las acciones hayan comenzado en Michoacán, estado donde Calderón es oriundo y el gobernador de lo que ahora es Morena pero en ese entonces era el PRD, era Lazaro Cardenas Batel que hasta hace poco era el coordinador y asesor de AMLO», añadió.
Patricia quiso desembarcar en Rosario con las Fuerzas Armadas pero chocó con la negativa de los militares
Oliva Posada cuestiona el concepto de militarización porque considera que parte de la base de la decisión de un civil. En ese sentido, asegura que «es un concepto que se empezó a utilizar entre los opositores a Luis Napoleon Bonaparte III cuando calificaban al emperador por llevar las prácticas de los cuarteles a la vida civil y social. En México no existe la militarización porque ha sido el poder civil el que ha ido a buscar a los militares para que lo apoyen en labores que no necesariamente tiene que ver con la profesión de las armas».
Aún así, plantea que «lo que han dejado de lado AMLO y hacia atrás Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox es que no han enfocado los esfuerzos institucionales, jurídicos y de capacitación a las policías locales. No le han dado recursos suficientes a los municipios y gobernaciones de los estados. Esta idea de militarización ha sido consecuencia del ese abandono».
Por último, sobre el caso argentino, Javier Oliva Posada, opinó que «me parece que no se ha aprendido de lo que pasó en otros países de América Latina». «En Mexico y otros países como Guatemala o Ecuador, donde el hecho de emplear a las Fuerzas Armadas significa la debilidad estructural de las fuerzas policiales y, algo muy importante, la debilidad del sistema de administración y partición de justicia», concluye.
