El caso se suma a las denuncias de un negociado con los chips para vacas. Hablan de más propiedades y cuentas sin declarar de la mano derecha de Toto Caputo.
El gobierno no logra sacar del tope de la agenda el caso de las presuntas coimas que cobró el senador Kueider para dar el voto clave de la ley Bases, que se vio arrastrado a otro caso de comportamientos oscuros, con un funcionario del máximo nivele: nada menos que Juan pazo, mano derecha del ministro Toto Caputo y flamante titular de ARCA, la ex AFIP.
Que el elegido para dirigir la agencia impositiva tenga un departamento sin declarar en Miami, parece un montón hasta para los estándares argentinos.
Pazo enfrenta un incipiente escándalo por la presunta aparición de un lujoso departamento en Miami no declarado. Con más de un año en el gobierno, el ex secretario de Industria y Agricultura del Ministerio de Economía todavía no presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Pazo era uno de los ejecutivos más cercanos a Francisco de Narváez que lo designó como CEO del grupo de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas, sociedad que comparte con el propio Toto Caputo y el presidente del Bance Central, Santiago Bausili. Todos a su vez vinculados a la consultora Anker, dueña del muy polémico emprendimiento Paseo Gigena, frente al Hipódromo de Palermo, concedido por la gestión de Rodríguez Larreta.
El nuevo titular de ARCA fue funcionario de Mauricio Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017.
Desde entonces ya arrastra problemas con su declaración jurada por ser dueño de una compañía en Estados Unidos creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas.
Se trata de la sociedad Harbor House 1533 Corp. fundada el 25 de octubre de 2010 y con sede en la unidad funcional 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida. Esa compañía compró un edificio que Pazo no declaró.
«En mayo del año pasado, presentó el reporte anual de la sociedad ante las autoridades del Estado de Florida, con la misma dirección. Así que, lo compró en 2010, no lo declaró y todavía lo tiene», dice el diputado Rodolfo Tailhade en un video que tiene fecha de abril de este año.
Según Tailhade, Pazo tiene seis sociedades en Panamá. Según la documentación que mostró, es secretario de Rapsodia Licensing Inc. una offshore presidida por su esposa, Josefina Helguera, y que también integran Mario Fabián Papini, tesorero Sociedad Rural Argentina, y Diego Javier Zafori, director de legales del Grupo de Narváez.
Esas mismas autoridades se repiten en Rapsodia Méximo Inversora SA, Rapsodia Chile Inversora.
Según Tailhade, Pazo también es secretario en Rapsodia Colombia inversora S.A. y Rapsodia Brasil inversora S.A. Estas sociedades offshore comparten directorio con las anteriores, aunque aquí el vicepresidente no es el tesorero de la Sociedad Rural Argentina, sino Fernando Martín Minaudo, presidente del Grupo de Narváez.
Pazo tuvo además un choque con el sector agropecuario. Es que el titular de ARCA operó este año para desplazar al vicepresidente del Senasa, Sergio Roberts, y poder tener el camino despejado para avanzar con la trazabilidad individual electrónica del ganado.
Allí es donde aparece en escena el fondo Invernea, creado por el propio Pazo, Nicolás Caputo, hijo de Toto, y Estanislao Iraeta, familiar del secretario de Bioeconomía, Sergio Iraeta. También es parte de Invernea el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La idea era aplicar el chip a todos los terneros al momento de la vacunación contra la fiebre aftosa desde el 2025, proceso que se extendería al menos hasta 2028. El dinero para pagar el dispositivo estaría a cargo del Estado, que consiguió un préstamo del BID: Cada chip, según dicen los empresarios que lo venden en el mercado local, cuesta 1,20 dólar, pero el gobierno les dijo a los productores que el costo será de 70 centavos de dólar.
