El máximo órgano judicial de Venezuela, controlado por el chavismo, ratificó en las últimas horas el triunfo electoral de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. Lo hizo a pesar de las múltiples denuncias de fraude y los pedidos de la comunidad internacional para que el oficialismo publique las actas finales de las elecciones.
En una declaración de sus miembros, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela certificó la reelección de Maduro por un tercer mandato de seis años. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al Consejo Nacional Electoral (CNE) de servir al chavismo.
“Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031″, rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.
La magistrada citó un informe que concluyó que “los boletines emitidos” por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”. El fallo es inapelable.
El TSJ no dio detalles técnicos del peritaje que llevó a cabo, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada. Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67% de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado”.
A los pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula”, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado el miércoles, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una sentencia que “pueda validar el fraude electoral”.
Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte suprema asume atribuciones que corresponden al CNE.
